Por una cultura académica distinta: propuestas contra el
plagio
Un grupo de 22 académicos de 12 instituciones distintas hemos elaborado un
breve documento sobre el plagio
En las
últimas semanas dos casos de plagio
académico han afectado de manera notable a la comunidad académica mexicana. A
pesar de no disponer de cifras exactas sobre su extensión, hay suficiente
evidencia de que el plagio constituye un problema bastante extendido en nuestro
medio. El fortalecimiento intelectual, institucional y ético de dicha comunidad
es el único camino para erradicar de su seno prácticas que la afectan de
diversas formas y cuya tolerancia amenaza los valores fundamentales que la
sostienen. En el centro de dichas prácticas se encuentra el plagio académico.
En su ejercicio se mezclan, en primer lugar, la deshonestidad y la pereza de
algunos, pero también la displicencia de otros, así como la ausencia de un
marco regulatorio. En México, esta falta de regulación y de las sanciones
correspondientes no hace más que contribuir a la difusión del plagio; asimismo,
estas insuficiencias inciden sobre una serie de prácticas que de algún modo lo
alimentan y le permiten desarrollarse.
La
detección de varios casos notorios de plagio en las universidades mexicanas
durante los últimos años nos parece reveladora de la crisis del sistema
educativo que vive el país en todos sus niveles y de la producción del
saber en particular. La apropiación indebida del trabajo de otros y de las
ideas ajenas atenta contra la esencia y el sentido de la vida académica. El
plagio académico está asociado con la ausencia de medidas que lo castiguen, sin
duda, pero también con mecanismos de producción del saber que tendrían que
refundarse, de manera que incidan directamente sobre un ambiente de tolerancia
que contribuye a convertir al plagio en un problema aún más profundo, más
extendido y más difícil de detectar. Esta situación debe terminar a la brevedad
posible. La detección y sanción del plagio académico en nuestras instituciones
docentes y de investigación son aspectos muy significativos, no solo para la
formación integral de las nuevas generaciones, sino también para aumentar el
nivel de nuestra vida académica y, en esa medida, para el futuro de nuestro
país.
Reconociendo
los pasos firmes que algunas instituciones universitarias han dado
recientemente en la lucha contra el plagio académico, con el objeto de
propiciar un debate serio sobre el tema en la comunidad académica, así como
contribuir a erradicarlo de nuestro medio, quienes suscribimos este documento
hemos elaborado las siguientes
propuestas:
I. Que las instituciones de educación
superior e investigación suscriban un Acuerdo
Nacional para el establecimiento de una política de tolerancia cero
frente al plagio académico. Esta política debe incluir un compromiso a corto
plazo por parte de todas las instituciones participantes en el Acuerdo para adecuar su
normativa interna a fin de establecer instancias y procedimientos
disciplinarios para la detección y, en su caso, sanción a los estudiantes de
todos los niveles y a los profesores e investigadores que incurran en esta
práctica. Parte de esta política debe incluir la definición de lo que significa
“plagio académico” y, por tanto, de los parámetros para su detección y, en su
caso, sanción. Los parámetros que surjan deberán ser ampliamente difundidos
entre la comunidad académica en su conjunto, incluyendo profesores,
investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado. Asimismo, deben
contribuir de forma directa en la redacción y promulgación de códigos generales
de ética académica en todas y cada una de las instituciones de educación
superior del país y centros de investigación.
II. Que la SEP, el CONACYT y la ANUIES apoyen
mediante la adecuación de su reglamentación y a través de programas
institucionales los esfuerzos de las instituciones de educación superior y de
investigación para combatir enérgicamente el plagio y otras conductas
éticamente inaceptables que están relacionadas con él.
III. Que las sanciones que se apliquen en los
casos de plagio comprobado por las instancias institucionales encargadas de su
investigación reflejen inequívocamente su inaceptabilidad ética, intelectual e
institucional.
IV. Que el CONACYT apoye técnica y
financieramente a los comités académicos de los posgrados inscritos en el
padrón nacional, así como a los comités editoriales (incluidos los de las
revistas arbitradas) de las instituciones de investigación registradas ante el
mismo Consejo, para la adquisición y puesta en uso de software lo más sofisticado
posible para la detección del plagio.
V. Que las instituciones de educación
superior e investigación impulsen los mecanismos para poner en línea toda su
producción editorial y todas las tesis de sus egresados.
VI. Que los CV de todos los miembros del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), incluyendo los de las comisiones
dictaminadoras y revisoras, sean públicos y estén disponibles en un sitio
específico del CONACYT. Asimismo, que todos los ascensos que sean promovidos o
ratificados, así como los descensos de categoría, aparezcan en ese mismo sitio,
con los nombres de los miembros de cada una de las comisiones respectivas.
VII. Que tanto el CONACYT como las
instituciones de educación superior e investigación valoren como es debido el
trabajo de dictamen o arbitraje científico de publicaciones.
VIII. Que las instituciones que
formen parte del Acuerdo
aquí propuesto diseñen mecanismos eficaces de información a toda la comunidad
académica sobre los casos confirmados de plagio.
Por
último, parece innegable que la tendencia generalizada a incrementar la cantidad de productos, el
número de alumnos por programa, el número de tesis dirigidas y la eficiencia
terminal (todas ellas tendencias que el CONACYT fomenta en su sistema de
evaluación actual) ha terminado por jugar en contra de la calidad académica. A este respecto,
proponemos que en un plazo razonable algunas de las instituciones de
investigación más importantes del país, junto con el propio CONACYT, la SEP y
la ANUIES, convoquen a una serie de reuniones de trabajo en la que participen
los académicos mexicanos interesados, así como expertos internacionales, con el
fin de diseñar políticas que, sin desechar todo lo que se ha avanzado al
respecto en los últimos años y sin perder de vista la viabilidad, pongan sobre
la mesa maneras distintas, novedosas, de evaluar el trabajo académico en
nuestras universidades y centros de investigación.
Elisa Cárdenas, Universidad de Guadalajara; Daniela
Gleizer, UAM-C; Benjamín
Arditi, UNAM; José
Antonio Aguilar, CIDE; Marco
Antonio Landavazo, Univ. Michoacana; Roberto Breña, COLMEX; Ariadna Acevedo, CINVESTAV;
Gabriel Negretto,
CIDE; Antonio Azuela,
UNAM; Catherine Andrews,
CIDE; Tomás Pérez Vejo,
ENAH; Iván Escamilla,
UNAM; Soledad Loaeza,
COLMEX, Fausta Gantús,
Instituto Mora; Alfredo
Ávila, UNAM; Rafael
Rojas, CIDE; Eugenia
Roldán, CINVESTAV; Ignacio
Almada Bay, El Colegio de Sonora; Jesús Rodríguez Zepeda,
UAM-I; Juan Ortiz
Escamilla, Universidad Veracruzana; Érika Pani, COLMEX; Gilles Serra, CIDE
