El primer requisito para que la pueda haber es que como todos no podemos pagar un abogado, este debe ser un servicio ofrecido, garantizado, administrado y pagado por el Estado y, obligado para los abogados.
Esfuerzos como los de los consultorios jurídicos de las universidades tienen que ser obligatorios y amplios, de excelente calidad; o como los de Procuradurías, Juzgados, Comisarías, Inspecciones, Personerías, Fiscalías y Defensorías del pueblo no pueden desperdiciarse en elefantes blancos repetidos y estorbándose y anulándose mutuamente.
¿Con tantos recursos cómo es que estamos tan mal?
